Una pareja puede vivir junta durante años, repartir las cuentas y aprender a acompañarse durante una enfermedad sin que el Estado sepa nombrar jurídicamente esa vida. Cuando decide casarse, deja de bastar lo que la familia, los vecinos o el empleo reconozcan. Importa una frase escrita en una ley, la interpretación de una oficialía y la seguridad de que una puerta pública no se cerrará por la orientación sexual de quienes llegan.
En Guanajuato esa puerta no se abrió de una sola vez. La historia del matrimonio igualitario tiene, por lo menos, cuatro momentos que no conviene comprimir: las parejas que litigaron para obtener un derecho, la instrucción administrativa de diciembre de 2021, el ajuste reglamentario de enero de 2022 y la reforma civil de diciembre de 2025. Contar esas etapas como si fueran la misma conquista borraría precisamente la dificultad que muchas personas enfrentaron. También dejaría fuera una pregunta que sigue vigente: ¿qué ocurre después de la boda, cuando hay que acreditar ante otras instituciones que esa familia existe?
Cuando el derecho existía, pero el trámite no era igual
El reconocimiento judicial de la igualdad y la protección constitucional contra la discriminación no significaban que cada pareja pudiera acudir con la misma tranquilidad a cualquier oficialía del Registro Civil. Durante años existió una distancia entre lo que la jurisprudencia protegía y lo que las normas locales decían o se exigía en ventanilla.
En febrero de 2014, el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM documentó que el Juzgado Tercero de Distrito en León concedió el amparo 1157/2013 a una pareja de mujeres a quienes el Registro Civil había negado autorización para casarse. El fallo fue un hito acreditado de un proceso más amplio; no permite convertir una sola pareja en portavoz de todas las experiencias que no llegaron a los medios. Lo relevante es el obstáculo que dejó al descubierto: para pedir una institución civil disponible para otras parejas fue necesario acudir a un tribunal.
Esa distancia tenía costos concretos. Buscar asesoría, tramitar un amparo en determinadas circunstancias, trasladarse para casarse en otra entidad o dedicar tiempo a un procedimiento más complejo no son variantes insignificantes de un mismo trámite. Son obstáculos distribuidos de forma desigual según el ingreso, el trabajo, la movilidad y la confianza para confrontar una negativa institucional.
El matrimonio nunca ha sido obligatorio para que una relación sea digna. La discusión es otra: cuando una institución está disponible para unas parejas, negar condiciones equivalentes a otras por su orientación sexual convierte una decisión íntima en un filtro de ciudadanía.
Diciembre de 2021 y enero de 2022: el cambio práctico no fue aún la reforma civil
El 20 de diciembre de 2021, una circular de la Secretaría de Gobierno dirigida a las oficialías del Registro Civil abrió la vía administrativa para celebrar matrimonios de parejas del mismo sexo sin exigirles un amparo. Expedientes legislativos posteriores documentan la instrucción, aunque no todos transcriben de igual manera su número de oficio. Para comprender el cambio importa su fecha, su contenido y su alcance, no adjudicarle una numeración controvertida.
El 25 de enero de 2022 se publicó la derogación del artículo 72 del Reglamento del Registro Civil, que contenía una formulación excluyente. Es importante distinguir los actos: primero se impartió una instrucción administrativa; después se modificó una regla reglamentaria; y años más tarde se reformó la definición del matrimonio en el Código Civil. Ninguno de esos actos es intercambiable.
La medida de 2021 removió una barrera práctica que había obligado a parejas a acudir a procedimientos extraordinarios o a viajar. Su importancia fue real; también lo fue su naturaleza: una decisión de gestión pública no equivale por sí sola a reescribir todas las disposiciones de un código.
Un boletín oficial de junio de 2024 informó que, entre 2014 y ese mes, el Registro Civil de Guanajuato había contabilizado 806 matrimonios igualitarios, principalmente en León, Irapuato y Celaya. Esa cifra corresponde a un corte de fecha específica, no al total de 2026, y no revela cuántas parejas vivían juntas sin casarse ni cómo era su experiencia en cada municipio.
Tampoco cabe convertir el aumento de matrimonios en una obligación de celebrar el matrimonio como modelo superior de vida LGBT+. Poder casarse es un derecho. No querer hacerlo también forma parte de la autonomía.
De 2024 a 2025: los derechos necesitan estructura
En junio de 2024 se publicó la Ley para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género del Estado de Guanajuato y sus Municipios, reformada en junio de 2025. Es un antecedente importante de política pública y reconocimiento de derechos, pero no debe confundirse con la reforma específica del Código Civil que define el matrimonio.
El 18 de diciembre de 2025 se publicó el Decreto Legislativo 111, que modificó, entre otras disposiciones, los artículos 143 y 144 del Código Civil. El artículo 144 define el matrimonio como la unión libre de dos personas para realizar una comunidad de vida en la que los cónyuges se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Esa formulación deja de exigir la diferencia de sexo como elemento definitorio. El artículo 143 remite a las formalidades y autoridades legales de la celebración. No debe confundirse este decreto con el 113, publicado en la misma fecha, que aborda otras disposiciones civiles y registrales.
La secuencia no se debe comprimir en una consigna: en 2021 se facilitó administrativamente un trámite; en 2022 se retiró un obstáculo reglamentario; en 2024 se expidió una ley estatal de diversidad sexual; en 2025 se reformaron esa ley y las disposiciones civiles relativas al matrimonio. Cada episodio tiene su fecha, autoridad y alcance.
La reforma civil tampoco autoriza a afirmar, sin lectura específica, que todos los asuntos de filiación, adopción, sucesiones, régimen patrimonial o reconocimiento familiar quedaron automáticamente resueltos. Algunos derechos se conectan con el estado civil; otros tienen normas, requisitos y procedimientos propios. Lo responsable es examinarlos por separado.
Un mismo estado, distintas distancias al Registro Civil
León tiene una escala urbana distinta de la de una localidad pequeña. Una pareja que vive cerca de una oficialía principal dispone de alternativas de traslado distintas de quienes dependen del transporte entre municipios, toman permisos en el trabajo o cuidan de familiares. Son diferencias de geografía y recursos; no pruebas, por sí solas, de discriminación por parte de funcionarios concretos.
El derecho formal debe poder ejercerse sin que la pareja tenga que averiguar en qué municipio encontrará a alguien dispuesto a reconocerlo. Justamente por eso las instituciones deben ofrecer requisitos claros, trato uniforme e información accesible. Publicar una lista de oficinas supuestamente amistosas sin verificación actual sería sustituir una obligación pública por una recomendación comercial sin sustento.
Para quienes viven entre León, Irapuato, Celaya, Guanajuato capital, Salamanca o San Miguel de Allende, el desplazamiento no debería convertirse en una condición adicional para ejercer un derecho ya reconocido. Pero tampoco corresponde asegurar que todas las oficialías aplican de forma impecable la reforma: esa afirmación exigiría evidencia contemporánea y específica.
La pregunta de servicio público no es dónde «permiten» el matrimonio entre dos personas, sino cómo están implementando las oficinas una norma que ya las obliga y cómo se tramita una eventual reclamación cuando hay una negativa injustificada.
Lo que cambia dentro de la pareja
El acta no fabrica cuidado, pero sí organiza consecuencias jurídicas. Cuando dos personas se casan, pueden enfrentarse a decisiones sobre bienes, responsabilidades y formas de acreditar su vínculo ante otras instituciones. Esas consecuencias hacen importante leer el régimen patrimonial, comprender obligaciones y preguntar por los documentos necesarios antes de firmar.
No todas las parejas quieren el mismo arreglo. Algunas ya compartían vivienda; otras tienen hijos, relaciones familiares previas o patrimonio separado; unas llegan al matrimonio después de años juntas y otras apenas empiezan. El derecho igualitario no necesita fingir una familia LGBT+ uniforme para justificar su existencia.
La igualdad tampoco elimina desacuerdos sobre dinero, cuidados o visibilidad. Una pareja puede casarse y seguir enfrentando prejuicios en su entorno. Otra puede encontrar reconocimiento social sin que todas sus necesidades jurídicas estén resueltas. Confundir el acta con el final de la historia convertiría un avance legal en una promesa imposible.
La memoria de quienes tuvieron que salir del estado
Parte de esta historia pertenece a personas que decidieron formalizar su relación fuera de Guanajuato cuando la ruta local era difícil. No disponemos aquí de entrevistas propias que permitan narrar la vida de una pareja determinada, y no sería legítimo inventarla. La existencia documentada de esos desplazamientos obliga a reconocer un costo que las estadísticas habituales no describen por completo: el tiempo empleado para buscar un derecho ya protegido por principios constitucionales.
El archivo de Gay Guanajuato contiene una entrada antigua que preguntaba si el matrimonio igualitario en México era ficción o realidad. Aquella pieza pertenece a otro momento legislativo y mezcla panoramas internacionales, pronósticos y datos ya caducos. No basta cambiarle el año o agregar un párrafo final. La obra que hoy se necesita tiene que comenzar por las normas vigentes y las preguntas que todavía enfrentan las parejas.
Esa es la razón de esta renovación: no borrar la historia del conflicto, sino dejar de ofrecer un diagnóstico que ya no corresponde al derecho escrito.
Lo que una pareja necesita comprobar antes del trámite
La información operativa cambia con los reglamentos y las oficinas. Por eso conviene verificar directamente con el Registro Civil los documentos, identificación, testigos, régimen patrimonial, disponibilidad de fechas, costos vigentes, medios de pago y cualquier situación documental particular. Los casos con actas extranjeras, antecedentes de matrimonio, apostillas o circunstancias registrales específicas requieren atención individual.
No se inventan aquí montos, formularios ni teléfonos, ni se sustituye asesoría jurídica para casos complejos. Tampoco corresponde presentar el matrimonio como un trámite que todavía exige amparo: la ruta abierta en 2021, el ajuste de 2022 y la reforma de 2025 contradicen esa idea.
Si aparece una negativa motivada por la orientación sexual de las personas solicitantes, no debería aceptarse como una regla informal inevitable. Conviene pedir información por escrito sobre el motivo y buscar acompañamiento competente en derechos humanos o asesoría jurídica. El canal institucional específico deberá verificarse antes de convertirse en un enlace de servicio.
Un Registro Civil accesible, con personal capacitado e información clara, hace más por la igualdad cotidiana que una fotografía ceremonial que sólo aparece durante junio. La conmemoración tiene su lugar, pero el avance se prueba cuando cualquier pareja puede hacer un trámite ordinario sin que su dignidad sea materia de negociación.
Una reforma no pone punto final
La definición del matrimonio como unión libre de dos personas parece breve. Detrás están años de resoluciones, debates, decisiones administrativas, desplazamientos y relaciones que no esperaron a que el lenguaje legal se pusiera al día. Su importancia no disminuye porque la reforma haya llegado después de que muchas parejas ya se casaban.
El capítulo siguiente no debería titularse «ya ganamos». Debe preguntarse si las oficinas aplican de manera uniforme la ley, si los trámites son comprensibles, si las familias reciben un trato respetuoso y si los derechos conexos están efectivamente disponibles. Esas preguntas no requieren fabricar historias ejemplares: requieren leer normas, escuchar con consentimiento y distinguir hechos comprobados de promesas políticas.
Una ley no puede decidir a quién amar ni cómo organizar una vida juntos. Su obligación es más concreta y más exigente: impedir que el Estado cierre una puerta que mantiene abierta para los demás.
Fuentes y notas de verificación
- Programa Universitario de Derechos Humanos, UNAM, amparo 1157/2013 concedido en León el 14 de febrero de 2014: https://www.pudh.unam.mx/perseo/el-dia-del-amor-y-la-amistad-pareja-lesbia-gana-amparo-en-leon-guanajuato-y-podra-contraer-matrimonio-1/
- Congreso del Estado de Guanajuato, expedientes legislativos sobre circular administrativa del 20 de diciembre de 2021 y derogación reglamentaria del 25 de enero de 2022: https://www.congresogto.gob.mx/expedientes_legislativos_digitales/iniciativas/5685
- Congreso del Estado de Guanajuato, Código Civil, Decreto 111 del 18 de diciembre de 2025: https://congresogto.gob.mx/codigos/codigo-civil-para-el-estado-de-guanajuato
- Congreso del Estado, Ley para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género, original de 7 de junio de 2024 y reforma de 25 de junio de 2025: https://congresogto.gob.mx/leyes/ley-para-las-personas-de-la-diversidad-sexual-y-de-genero-del-estado-de-guanajuato-y-sus-municipios–2
- Secretaría de Gobierno de Guanajuato, boletín del 15 de junio de 2024 con corte histórico de 806 matrimonios desde 2014: https://boletines.guanajuato.gob.mx/2024/06/15/celebran-matrimonios-civiles-igualitarios/
- Registro Civil de Guanajuato, normateca: https://registrocivil.guanajuato.gob.mx/normateca