¿Es México el «segundo país con más crímenes por homofobia»? La frase circula con una seguridad que las fuentes no siempre permiten. Antes de convertir el dolor en competencia internacional hay que preguntar qué se cuenta, quién lo registra, qué motivación está documentada y a quién se deja fuera.
La cifra que promete explicarlo todo
Una clasificación mundial parece ofrecer una respuesta fácil a una pregunta insoportable. Ordena países, asigna lugares y produce un titular que cualquiera puede repetir. Pero una tabla no explica por sí sola la violencia. Dos Estados pueden registrar números distintos porque tienen poblaciones diferentes, sistemas de denuncia desiguales, registros oficiales incompletos y organizaciones civiles con capacidades muy distintas para seguir casos. El segundo lugar en una lista no es necesariamente el segundo riesgo para una persona; a veces es el segundo volumen observado con determinado método.
No corresponde reproducir la antigua afirmación sobre México como si fuera una verdad universal. En julio de 2026, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México difundió el informe 2025 del Observatorio de Crímenes LGBTI+, que documentó 115 casos distribuidos en 59 asesinatos, 34 desapariciones, 16 atentados y seis suicidios. Ese comunicado también aludió a una posición mundial. Sin una base internacional homogénea, comparable y fechada no debe adoptarse la clasificación como conclusión de esta investigación. Lo que el boletín acredita con mayor precisión es el alcance de su propio registro.
Dos registros, distintas preguntas
La asociación Letra S publicó otro trabajo sobre 2025: documentó al menos 60 personas LGBT+ asesinadas por motivos presuntamente relacionados con su orientación sexual, identidad o expresión de género. El Observatorio comunicó 59 asesinatos dentro de un universo mayor de violencia. La cercanía de los números no autoriza mezclarlos, sumarlos ni dar por resuelta su diferencia. Cada proyecto define sus fuentes, criterios de inclusión, seguimiento e identificación de posibles móviles.
Además, un homicidio de una persona LGBT+ no se clasifica automáticamente como crimen motivado por prejuicio. La investigación debe distinguir identidad de la víctima, circunstancias, indicios de violencia por prejuicio y eventual calificación penal. Negar esa diferencia banaliza el método; usarla para descartar todas las alertas comunitarias también sería una forma de ceguera. Los registros civiles responden a una carencia institucional: los datos oficiales frecuentemente no permiten observar con claridad orientación sexual o identidad de género en los expedientes de violencia.
La palabra «al menos» es parte esencial del hallazgo. Letra S reconoce que su documentación depende en buena medida de casos conocidos y que hay subregistro. Las cifras son pisos documentales, no censos exhaustivos de toda la violencia. La misma ausencia de casos en una entidad puede reflejar escasez de información, no ausencia de agresiones. Afirmar lo contrario sería premiar al silencio estadístico.
El dolor no se distribuye de manera uniforme
En el registro de Letra S para 2025, 35 de las 60 víctimas documentadas fueron mujeres trans; se registraron 19 hombres gays, además de víctimas de otras identidades. Es una descripción de los casos incluidos en ese informe, no una prueba de que todos los grupos sufran la misma exposición o de que la pertenencia a un grupo determine por sí sola un desenlace. Las condiciones de riesgo también se relacionan con desigualdades económicas, edad, ocupación, territorio, acceso a la justicia y formas específicas de violencia.
Si se calculan tasas, la elección del denominador resulta decisiva. Las estimaciones poblacionales de encuestas como ENDISEG no son padrones anuales de cada identidad, y los registros de violencia pueden tener categorías y coberturas diferentes. Por eso una tasa construida a partir de estas fuentes necesita explicar supuestos, años y límites. Convertirla en una comparación internacional automática eliminaría justamente la información que la hace comprensible.
El caso no es material de espectáculo
Hay formas de violencia que se relatan con un exceso de detalles sobre cuerpos, domicilios, identidades anteriores o intimidades de la víctima. Esa exposición puede revictimizar a las familias, facilitar la identificación de personas que no han autorizado su aparición pública e instalar el prejuicio en la propia cobertura. Una crónica cuidadosa debe separar información necesaria para comprender un patrón de curiosidad que no cumple ninguna función informativa.
La identidad de género no debe ponerse entre comillas como duda escénica. Tampoco corresponde reconstruir una vida afectiva a partir de rumores de vecinos, insinuaciones policiales o fotografías encontradas en redes. En una investigación sobre crímenes por prejuicio, las fuentes verificadas y el consentimiento importan tanto como la cifra final. Cuando los hechos están bajo investigación hay que decirlo y no suplir expedientes faltantes con certezas retóricas.
Del registro a las obligaciones públicas
La documentación independiente puede ayudar a identificar patrones, pero no sustituye la obligación estatal de prevenir, investigar y reparar. Se necesitan protocolos de atención que registren adecuadamente móviles posibles sin imponer identidades; capacitación a fiscalías y policías; mecanismos seguros de denuncia; y protección de víctimas, familiares y personas testigos. La respuesta institucional no puede limitarse a discutir quién ocupa un lugar en una lista global.
Hay una dimensión local que esta investigación nacional debe respetar. El master territorial 6919 examina lo conocido y lo no conocido sobre Guanajuato. Aquí no se trasladan sus incidentes ni sus categorías a un total nacional. Una ciudad con pocas denuncias no es necesariamente segura. Una organización con mayor capacidad de documentación puede registrar más casos sin que ello signifique un empeoramiento repentino de la realidad. Las series temporales deben leerse a la luz de cambios en cobertura y método.
El lenguaje también decide qué vemos
«Homofobia» puede nombrar prejuicios contra hombres gays y lesbianas, pero si se usa como etiqueta universal puede ocultar transfobia, lesbofobia, bifobia y otras violencias diferenciadas. Del mismo modo, «crimen de odio» puede tener significados jurídicos que varían según el ordenamiento; «crimen por prejuicio» funciona en ciertos informes como categoría analítica basada en indicios. Conviene reconocer la diferencia sin reducir la gravedad de los hechos.
La cobertura debería ser capaz de sostener dos afirmaciones a la vez: existe violencia grave y documentada contra personas de la diversidad sexual y de género en México; y la evidencia disponible no autoriza cualquier ranking, cualquier extrapolación ni cualquier atribución de motivo. Esa exigencia no debilita la denuncia. La protege de la facilidad con que las cifras espectaculares pierden autoridad cuando alguien pregunta de dónde salieron.
Por qué los países no pueden ordenarse tan fácilmente
Para hablar de «segundo país» haría falta, en primer lugar, definir qué se compara: homicidios de personas LGBT+, homicidios con indicios de prejuicio, delitos registrados formalmente como agravados por odio o ataques denunciados a organizaciones civiles. Después habría que usar periodos equivalentes y reconocer diferencias de población, capacidad investigadora, cobertura mediática y confianza para denunciar. Sin esas condiciones, comparar totales absolutos puede castigar estadísticamente a lugares donde existen organizaciones que documentan y absolver a otros donde el silencio es mayor.
Incluso dentro de América Latina, los informes regionales no siempre siguen los mismos criterios de los observatorios nacionales. La Red Sin Violencia LGBTIQ+ registra homicidios documentados en un conjunto de países de la región con sus propios procedimientos. Usar ese informe para declarar un lugar mundial sería un salto metodológico injustificado. Tampoco sería correcto sumar su cifra mexicana a la de Letra S: algunos expedientes pueden corresponder a los mismos hechos. El resultado no sería más completo, sino potencialmente duplicado.
La comparación responsable exige reconocer, también, qué no pueden hacer los registros. No permiten inferir de manera automática quién fue responsable en cada caso ni sustituir resoluciones judiciales. No prueban que la violencia haya terminado cuando una serie disminuye; los cambios de cobertura y búsqueda pueden modificar el número observado. Tampoco hacen equivalentes asesinatos, desapariciones, atentados y muertes por suicidio. Cada hecho exige tratamiento propio, además de prudencia frente a la causalidad. La violencia requiere investigación, no una cifra que se mueva de columna según convenga al titular.
Contar también es cuidar
A veces la pregunta más responsable no es «¿en qué lugar del mundo estamos?», sino «¿qué sabemos con precisión y qué seguimos sin poder registrar?». Contar requiere instituciones, organizaciones civiles, periodismo que no estigmatice y tiempo para corregir registros. También requiere escuchar a quienes sobreviven sin convertirlos en cifras de paso.
El país no cabe en un ranking. La violencia necesita contexto, trazabilidad y respuestas públicas. Cuando se cuenta con cuidado, cada número deja de ser un trofeo de horror y se convierte en una obligación: investigar, prevenir, reparar y no dejar que la siguiente vida desaparezca entre columnas incompatibles.
Fuentes y método
- Letra S. «El impacto de la violencia por prejuicio. Homicidios de personas LGBT+ en México 2025», archivo e informe 2025, publicado en 2026. https://letraese.org.mx/crimenes-de-odio-archivo/
- Letra S. «Víctimas de la impunidad», desglose y limitaciones metodológicas del informe de 2025. https://letraese.org.mx/victimas-de-la-impunidad/
- Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, boletín 50/2026, 4 de julio de 2026: presentación del Observatorio y sus 115 casos documentados en 2025. https://cdhcm.org.mx/2026/07/observatorio-documenta-115-casos-de-violencia-contra-personas-lgbti-en-mexico-durante-2025/
- Red Sin Violencia LGBTIQ+. «Informe anual 2025: homicidios de personas LGBTIQ+ en América Latina y el Caribe», registro regional de cobertura diferenciada. https://sinviolencia.lgbt/informe-anual-2025-homicidios-personas-lgbti-america-latina-caribe/
- INEGI. ENADIS 2022, diseño y límites de las encuestas de población. https://www.inegi.org.mx/programas/enadis/2022/